Un día como hoy pero de 1910 se promulga la Ley de DEFENSA SOCIAL emparentada con la ley de RESIDENCIA DE EXTRANJEROS.

La ley de Residencia de Extranjeros, (N° 4.144 ) más conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, fue una legislación argentina de 1902 que autorizó al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y expulsar a extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”.

El extranjero contra quien se hubiera decretado la expulsión tendría tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco. A partir de esta ley, el Poder Ejecutivo podía acusar y castigar (expulsar) a personas extranjeras sin que en ningún momento interviniera el Poder Judicial.

Un siglo después, volvemos al futuro con medidas que ya se implementaron con resultados tremendamente negativos, como la ley de RESIDENCIA DE EXTRANJEROS

Esta ley en cuestión, la cual recién terminó siendo derogada en 1958, fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros.

En este contexto la Ley de Residencia se insertó dentro de una serie de medidas represivas (promovidas por los sectores terratenientes e industriales entonces en el gobierno, en la figura del Partido Autonomista Nacional) llevadas a cabo por medio del Estado contra anarquistas, socialistas y activistas obreros en general. Estas medidas incluyeron el estado de sitio; allanamiento de locales de la Federación Obrera Regional Argentina y del Partido Socialista; incautación de periódicos como La Vanguardia y La Protesta; represión de huelgas y manifestaciones mediante arrestos y deportaciones, además de aportar un plus en la prostitución.

Ley de Defensa Social
Capítulo I
Artículo 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Inmigración, queda prohibida la entrada y admisión en el territorio argentino de las siguientes clases de extranjeros: – los que hayan sufrido condenas o estén condenados por delitos comunes que según las leyes argentinas merezcan pena corporal; – los anarquistas y demás personas que profesan o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad; – los que hayan sido expulsados de la República, mientras no se derogue la orden de expulsión.

Capítulo II Artículo 7°. Queda prohibida toda asociación o reunión de personas que tenga por objeto la propagación de las doctrinas anarquistas o la preparación e instigación a cometer hechos reprimidos por las leyes de la Nación, y la autoridad local procederá a la disolución de las que se hubiesen formado e impedirá sus reuniones.

La Ley de Defensa Social de 1910, sancionada en Argentina, fue una legislación que extendió las restricciones de la Ley de Residencia, permitiendo al Poder Ejecutivo arrestar indefinidamente a ciudadanos sospechosos de anarquismo o de actividades consideradas perjudiciales para el orden social. Esta ley, junto con la Ley de Residencia, se enmarcó en un contexto de creciente conflictividad social y laboral, donde el gobierno conservador buscaba controlar las manifestaciones obreras y el avance de ideas anarquistas, especialmente en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo.

De esta manera, la Ley de Defensa Social contribuyó a la represión del movimiento obrero, dificultando su organización y lucha por mejores condiciones laborales, es un ejemplo de cómo el Estado puede utilizar el derecho para reprimir movimientos sociales y limitar las libertades individuales en nombre del orden público, en un contexto de tensiones y conflictos.