Un día como hoy pero de 1868 – La provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio que, como máximo, será de 20 años.

MUERTE POR FUSILAMIENTO
En las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual República Argentina), la pena de muerte fue abolida por la Asamblea General Constituyente de 1813. Amparada por una jurisprudencia traída a América por los españoles e inscripto en la Ley de Indias, se mantuvo vigente durante toda la época colonial (1580/1810).
Luego de innumerables cambios de rumbo fue reimplantada y derogada en numerosas oportunidades hasta que fue abolida definitivamente por Ley del Congreso, en 2008.

Derogada en agosto de 1852, la pena de muerte fue abolida por la Constitución de 1853 y la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 1868, pero será reimplantada en el Código Penal de 1886.
A pesar de no estar vigente, “Cuando el general José F. Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen, instauró la ley marcial. Producto de ella, se fusiló el 1º de febrero de 1931 en la Penitenciaría Nacional al anarquista Severino Di Giovanni junto a su cuñado Paulino Scarfó, quienes habían sido autores de varios atentados en la ciudad de Buenos Aires.”

LA ALTERNATIVA DE VOLVER APLICAR LA PENA DE MUERTE
A raíz de los cuestionamientos que recibió el gobierno de Mauricio Macri por haber invitado a la Casa Rosada y defendido al policía Chocobar que mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, el consultor del gobierno Jaime Durán Barba señaló que la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte en Argentina, legitimando de alguna manera la actuación policial.

No obstante, estudios internacionales muestran que la pena de muerte, y el aumento de las penas en general, no reducen los niveles de delito, sino que incluso pueden incrementarlo. La hipótesis por detrás es que el incremento de las penas aumenta el costo del delito, con lo cual disuade al potencial delincuente de cometerlo.
Durante las dictaduras militares se instauró la pena capital y en casos se confunde la cuestión política con la delictiva, justificándose de esta manera la acción represiva, la desaparición y muerte de personas con ideas ajenas a las impuestas por las dictaduras.

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