Escribe: Concejal MARTIN PELLEGRINO (UxT)

Hay declaraciones que no pueden pasar como anécdotas ni como provocaciones mediáticas. Son momentos en los que un presidente muestra con crudeza su forma de entender el poder, el delito y la ética pública. En una reciente entrevista con Antonio Laje, Javier Milei dejó frases que, lejos de representar una política económica, configuran una peligrosa legitimación del dinero ilegal y una visión absolutamente distorsionada del cumplimiento de la ley.

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Hablando sobre la posibilidad de blanquear dinero en Argentina, Milei no titubeó en asegurar:

Y para despejar cualquier duda, cuando se le mencionó la posibilidad de que ese dinero proviniera del narcotráfico, respondió con una liviandad alarmante:

Esa frase marca una ruptura total con los estándares internacionales. En el mundo entero, la lucha contra el crimen organizado no se limita a la represión directa, sino que se apoya en la trazabilidad del dinero, los controles financieros y la cooperación entre organismos para desarticular redes de lavado. Milei, en cambio, propone mirar para otro lado.

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Más grave aún fue su reflexión sobre quienes no lograron evadir el sistema:

En su lógica, el evasor no solo no es un delincuente, sino que es una especie de héroe. El que cumple la ley no es un ciudadano responsable, sino un fracasado. Esta inversión de valores no es menor. Es una declaración simbólica desde la más alta autoridad del Estado: el delito, si es rentable, es aceptable.

La afirmación del presidente sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), a los que calificó como “un horror”, completa el cuadro de situación. Estas herramientas, clave para detectar maniobras de lavado de dinero, no solo son desestimadas, sino despreciadas. El mensaje es claro: no vamos a investigar de dónde viene la plata mientras venga.

Milei también dejó en claro que su objetivo no es fiscal:

Mientras el mundo combate el narcotráfico, la trata, la corrupción y el lavado de activos con mecanismos cada vez más sofisticados y exigentes, la Argentina parece tomar el camino inverso: el de naturalizar el delito y premiar al evasor.

Esta no es solo una estrategia equivocada. Es una señal preocupante para la convivencia democrática. Cuando desde la presidencia se banaliza el cumplimiento de la ley y se glorifica al que la burla, el Estado pierde autoridad y los ciudadanos pierden confianza. Si no importa de dónde viene el dinero, entonces ya no importa nada.