La propuesta libertaria del Presidente Javier Milei apunta a eliminar toda intervención del Estado en las actividades privadas de la comunidad.
La teoría aparece, prima facie, tan natural que contradecirla es un pecado, sin embargo, es dable observar que en la Argentina actual estos conceptos se relativizan al conjuro de realidades que aparecen brutales.
Luis “Toto” Caputo, Ministro de Economía, debe aclarar que el “Estado no va a permitir…” que las empresas de medicina prepaga ataquen la clase media. Esto de alguna manera contradice el apotegma libertario de no intromisión. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿la teoría de la libertad en las actividades humanas, tal como la piensan los libertarios, es de posible cumplimiento?
Leemos en el periódico Ámbito Financiero (clic) «Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media», declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, tras los fuertes incrementos en sus cuotas, a partir de la promulgación del DNU 70/23 en diciembre, que desreguló sus precios.
Eso generó la respuesta de las empresas, más exactamente de “… las Cámaras de Medicina de Prepaga (que) lanzaron un comunicado en respuesta al funcionario donde solicitaron una audiencia y aseguraron que el sector fue «sometido» a un «desfinanciamiento» durante años.
El primer problema que se puede apreciar es que la enorme masa de “descastados” de ese extraño sector de economía media se ve constreñido a ingresar a la salud pública colapsando el ya colapsado sistema.
«Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media»,
El segundo problema que surge evidente es que una cosa es la teoría (libertaria) y muy diferente es la práctica de un empresariado que solo atiende a sus necesidades y principios comerciales. La crisis desnuda el abuso de esas prestadoras de salud que se enriquecen descomunalmente con la angustia de sus clientes.
Ahora, el Estado propone la investigación para verificar que las empresas de medicina prepaga están utilizando un sistema de fijación de precios que elimina toda competencia. El medio cuestionado por Milei, La Nación, (clic), publica que “La Superintendencia de Servicios de Salud prepara un informe para la Comisión de Defensa de la Competencia en medio de la investigación por presunta cartelización de las empresas de la salud para fijar precios; sostiene que hubo aumentos similares entre los “principales cinco actores del sector”
Ante la realidad palpable, es evidente que la implementación de un sistema de libre competencia requiere previamente “libre competidores”, mientras el vecino-contribuyente (consumidor obligado) no pueda optar, la teoría queda en el anunciado.
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