La Seguridad Ciudadana es motivo de preocupación en toda la ciudadanía, pero en el Conurbano bonaerense se agudiza. Las estadísticas oficiales muestran números alarmantes y los barrios presentan cuadros que rozan el horror. Sin embargo, desde Nación o desde la Gobernación bonaerense no asoman planes que apunten a acotar el delito y brindar a los sectores marginales una proyección de vida acorde a los tiempos que corren.
La Matanza, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, encabezan las estadísticas de delitos que conmueven al habitante de esas geografías. No obstante, no puede afirmarse que en los demás distritos no sucedan hechos delictivos graves y preocupantes.
Las políticas públicas apuntan a los castigos, la baja de la edad de la imputabilidad, a mayores penas. Pero lamentablemente el castigo (represión) es posterior a la comisión del delito. El sistema penal condena el delito cuando este se consuma. La idea de disuasión por temor a la condena se diluye en la realidad de un “poco efecto” en las mentes criminales, usando como carne de cañón a niños cada vez más chicos.
Es más, en algunos grupos el desafiar ese castigo es un incentivo para personas con poca sociabilidad. El delito cometido otorga status al delincuente. ¿Cómo llegamos a eso?
Desde ya creemos que bajar la edad de imputabilidad no es ninguna solución. Los niños deben ser contenidos, no excluidos. Repasemos la realidad de aquella macabra institución “Niños Expósitos”.
Según datos de la Procuración en 2024 fueron asesinadas 848 personas en territorio bonaerense. El 17,3 % de esas víctimas correspondió a asesinatos ocurridos en La Matanza, distrito que registra además la mayor tasa de homicidios: 8,11 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Pero a los homicidios deben sumarse otros delitos como el robo, robo automotor, agresiones físicas, maltrato de género, etc.
¿Dónde se ubica el vórtice generador de esas conductas?
La complejidad del tema obliga a mantener un pensamiento crítico de la praxis gubernamental en esta materia, desde el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich no se ven propuestas de prevención, por lo menos no trascienden.
En Buenos Aires, siempre detrás del delito, los intendentes integrados en la FAM reclaman reuniones para tratar el crecimiento de los delitos, poca información se brinda, se sabe que consensuaron un pedido dirigido a Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar la presencia de efectivos de Gendarmería en el conurbano. Además, hubo contacto con Axel Kicillof para unificar un pedido a la Rosada por más fondos para seguridad.
Es que, los intendentes del conurbano entraron en crisis tras la seguidilla de homicidios en Moreno y Florencio Varela. Los casos ganaron resonancia en los medios por tratarse de víctimas muy jóvenes.
CRISIS SOCIAL VIOLENCIA E INTOLERANCIA
El volcán que significa la concentración de malestares se traduce en actos de intolerancia, insultos y hasta peleas. Padres agrediendo docentes, vecinos atacando centros sanitarios y médicos, la misma policía es interpelada con violencia.
Decir que este cuadro se viene manifestando desde hace décadas no ayuda demasiado a poner algún límite a su desarrollo. Los días de furia son comunes en todos los ámbitos.
Tal vez el ejemplo del gobierno colabora en la intolerancia y las manifestaciones violentas. La agresión a periodistas y el aumento de la violencia en las redes propician la violencia física en las calles.
Charlando, informalmente, con expolicías, expertos en seguridad y vecinos, es fácil entender que el origen del mal es detectable, sin embargo, no se opera sobre él. Hasta se sugiere, en algunos casos, que se promueve el caos. El negocio de muchos es que las calles sean terreno de los delincuentes.
Tal vez, sea el momento que usted, posible víctima, empiece a dejar de lado temores y comodidades para ir formando parte de una red (física y/o virtual) que obligue a los gobernantes a prestar atención al flagelo que cobra vidas y daña la propiedad privada.
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