Desde el “Grupo SAMPAY” su director Dr. Jorge González, nos ha hecho llegar el documento que se titula “SOBRE LOS PRIVILEGIOS, EL PODER Y OTRAS YERBAS” y que decidimos publicar, con autorización, por reflejar, a juicio de esta redacción, la situación que tenemos los ciudadanos de a pie ante los momentos que nos toca vivir.
SOBRE LOS PRIVILEGIOS, EL PODER Y OTRAS YERBAS
Las elecciones no son simples ceremonias periódicas ni momentos para expresar adhesiones, rechazos o enojos. Son instancias decisivas en las que la ciudadanía puede influir sobre el rumbo del país, premiar conductas, sancionar incumplimientos y exigir que quienes aspiran a gobernar respondan al interés general.
Pero para ejercer ese poder debemos abandonar cierta ingenuidad. Generalmente no elegimos entre los mejores proyectos ni entre los dirigentes más capacitados, sino entre las opciones que los partidos ponen a nuestra disposición.
Las candidaturas se definen en estructuras dominadas por quienes controlan las «lapiceras» y los recursos económicos. De ese modo, gran parte de la decisión queda en manos de muy pocos. Luego la ciudadanía solo opta entre alternativas en la que no ha participado.
A esta limitación se suma una contradicción por la que cuestionamos a la dirigencia, pero cada vez más ciudadanos renuncian a participar, informarse, reclamar y controlar.
El descreimiento puede ser comprensible después de tantas frustraciones, pero la apatía reduce nuestra capacidad de defender los propios intereses. Quienes no participan pierden oportunidades de influir; quienes votan por lealtad partidaria o rechazo visceral a un adversario pueden terminar fortaleciendo aquello que pretendían combatir.
Por otra parte la creciente incidencia de las redes sociales y sus algoritmos en la manipulación de la opinión pública hace que no veamos la realidad en toda su complejidad, sino una selección de contenidos determinada por sistemas que priorizan aquello que puede captar nuestra atención y provocar reacciones.
La reiteración de un mensaje puede darle apariencia de verdad; la exposición constante a opiniones semejantes puede reforzar nuestros prejuicios y hacernos creer que nuestras propias convicciones representan a la mayoría.
No se trata de suponer que toda información difundida por las redes es falsa ni que existe siempre una voluntad deliberada de manipularnos. Se trata de comprender que la información que recibimos no es neutral en su selección y que, cuando desconocemos esos condicionamientos, otros pueden influir sobre nuestra percepción de los candidatos, los problemas del país y las alternativas disponibles.
En ese escenario, votar exige contrastar fuentes, examinar los hechos, escuchar opiniones diferentes y desconfiar tanto de las consignas que confirman nuestros deseos como de aquellas que explotan nuestros temores.
Si renunciamos a pensar por nosotros mismos, nuestra decisión puede terminar siendo el resultado de una reflexión ajena.
Las elecciones no son simples ceremonias periódicas ni momentos para expresar adhesiones, rechazos o enojos. Son instancias decisivas en las que la ciudadanía puede influir sobre el rumbo del país, premiar conductas, sancionar incumplimientos y exigir que quienes aspiran a gobernar respondan al interés general.
También debemos aprender a distinguir los discursos de los hechos. Presentarse como enemigo de la política tradicional no significa haber abandonado sus prácticas, del mismo modo que invocar una tradición partidaria no demuestra fidelidad a sus principios. Las trayectorias, las decisiones, los intereses beneficiados y los resultados concretos deben pesar más que las etiquetas.
La corrupción exige idéntico criterio. No alcanza con denunciar la del adversario y justificar la propia. Es necesario examinar tanto la responsabilidad de los funcionarios como la de los empresarios y grupos económicos que se benefician de las decisiones estatales. También debemos distinguir las denuncias de los hechos probados. La presunción de inocencia no debe servir para eludir el control del poder, pero la sospecha tampoco puede convertirse en condena anticipada.
El problema de los privilegios, por otra parte, no se agota en determinar si un funcionario fue condenado. También exige examinar quién obtiene beneficios de las decisiones públicas, quién soporta sus costos y si el Estado defiende con igual firmeza los intereses de todos. Cuando las ganancias se concentran y los perjuicios recaen sobre el conjunto de la sociedad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, transparencia y responsabilidades.
Por eso, votar no debe ser una elección fundada exclusivamente en simpatías personales, sino un ejercicio de discernimiento. Cuando ninguna alternativa satisface plenamente nuestras expectativas, debemos comparar antecedentes, propuestas, intereses representados y consecuencias previsibles. A veces habrá que optar por quien consideremos menos perjudicial, pero esa decisión no debe transformarse en obediencia ni en silencio.
La responsabilidad ciudadana tampoco termina cuando se cierran las urnas. Debemos exigir el cumplimiento de las promesas, reclamar rendición de cuentas, participar en las instituciones y denunciar los abusos, cualquiera sea el signo político de quienes gobiernan. Los dirigentes responden por las decisiones que toman y por el poder que ejercen; nosotros no somos responsables de sus actos, pero sí tenemos herramientas para controlar su desempeño y retirarles nuestro apoyo cuando corresponda.
No podemos reclamar mejores representantes si renunciamos a utilizar las herramientas que tenemos para seleccionarlos y condicionarlos. El voto no resuelve por sí solo los problemas de la República, pero desperdiciarlo por indiferencia, manipulación o fanatismo debilita nuestra capacidad de intervenir en ellos.
Quienes se benefician del ejercicio del poder difícilmente renuncien por voluntad propia a los privilegios que este les proporciona. Por eso, no alcanza con esperar dirigentes mejores ni confiar en promesas que después no controlamos. Necesitamos una ciudadanía capaz de elegir con criterio, exigir compromisos, denunciar abusos y hacer valer sus derechos.
La democracia necesita dirigentes responsables, pero también una sociedad dispuesta a pensar por sí misma. Porque los privilegios no se sostienen únicamente por la voluntad de quienes los disfrutan: también encuentran espacio cuando quienes podrían cuestionarlos dejan de ejercer su responsabilidad ciudadana.
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