EL RIGI: ¿OPORTUNIDAD O ANCLAJE?

Dr. Jorge Gonzalez

Inversiones, dependencia y autonomía económica nacional La Argentina necesita inversiones. Ampliar su capacidad energética, desarrollar la minería, modernizar su infraestructura e incorporar tecnología son objetivos indispensables para superar el estancamiento económico. Pero atraer capitales no constituye, por sí mismo, una política de desarrollo. La cuestión decisiva es bajo qué condiciones se realizan las inversiones, qué beneficios recibe el país y cuánto de la riqueza generada permanece en su economía.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 en  julio de 2024, expresa una determinada respuesta a ese desafío. Dirigido a proyectos de gran escala en minería, petróleo y gas, energía, siderurgia, infraestructura, tecnología, forestoindustria y turismo, establece una inversión mínima general de 200 millones de dólares, con montos superiores para determinadas actividades. A cambio, concede ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias, junto con garantías de estabilidad normativa por treinta años.

El argumento que sostiene el régimen es conocido: las grandes inversiones requieren desembolsos iniciales elevados, plazos prolongados para recuperar el capital y previsibilidad sobre las condiciones en las que operarán. Una explotación minera, una planta de licuefacción de gas o una instalación energética no se construyen en pocos meses. El inversor necesita reducir costos y protegerse frente a decisiones que puedan comprometer la rentabilidad de su proyecto.

Desde esa perspectiva, el RIGI tiene una lógica económica comprensible. El problema comienza cuando examinamos las concesiones que realiza el Estado y las comparamos con los beneficios que efectivamente recibirá la sociedad argentina.

Las empresas adheridas acceden a una alícuota especial del 25% en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de determinados bienes y exenciones aduaneras para las importaciones vinculadas a los proyectos. También obtienen beneficios cambiarios y, cumplidos los plazos previstos, la exención de derechos de exportación. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria se extiende por treinta años desde la adhesión.

La pregunta es si los mecanismos de control y cumplimiento garantizan una relación equilibrada entre los beneficios otorgados y la inversión efectivamente realizada.

Esta última circunstancia merece especial atención. El cómputo de la estabilidad comienza con la adhesión al régimen, no con la culminación de la inversión comprometida. Del mismo modo, el plazo previsto para acceder a la exención de derechos de exportación se cuenta desde la adhesión: en general, tres años, y dos para los proyectos calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El cumplimiento de las obligaciones del régimen sigue siendo exigible, pero los plazos de los beneficios pueden transcurrir mientras la inversión se ejecuta por etapas.

Así, el Estado puede comenzar a conceder ventajas fiscales y cambiarias cuando el capital comprometido todavía no se ha desembolsado íntegramente. La pregunta es si los mecanismos de control y cumplimiento garantizan una relación equilibrada entre los beneficios otorgados y la inversión efectivamente realizada.

El régimen también contempla la exención de determinados gravámenes aduaneros sobre bienes destinados al proyecto y permite una disponibilidad progresiva de las divisas de exportación, de acuerdo con los plazos y condiciones legales. Asimismo, establece excepciones a la obligación de ingresar y liquidar determinadas divisas provenientes de aportes de capital y otras operaciones vinculadas.

No significa que toda ganancia esté exenta de impuestos ni que cualquier fondo pueda transferirse al exterior sin restricciones. Pero sí configura un marco extraordinariamente favorable para que las grandes empresas importen los bienes necesarios, obtengan beneficios fiscales y dispongan de una proporción creciente de los recursos generados fuera del circuito cambiario nacional.

¿QUÉ RECIBE LA ARGENTINA A CAMBIO?

En primer lugar, debe considerarse el costo fiscal. El Estado resigna ingresos presentes y futuros. Esa renuncia podría justificarse si los incentivos fueran indispensables para concretar inversiones que, de otro modo, no se realizarían, y si la actividad adicional generada compensara el costo de los beneficios. Pero si una empresa hubiera invertido igualmente, parte de esas ventajas podría convertirse en una transferencia de recursos públicos a favor del capital privado.

En segundo lugar, está el problema de la industrialización. Exportar litio, cobre,  petróleo o gas puede incrementar las ventas externas, pero no equivale a desarrollar baterías, productos químicos, maquinaria, equipos o industrias que transformen esos recursos. La explotación de nuestras riquezas naturales no garantiza, por sí sola, la diversificación productiva ni la incorporación de tecnología nacional.

También debe examinarse el empleo. Las grandes obras pueden crear numerosos puestos durante la construcción, pero algunas actividades extractivas requieren una cantidad relativamente reducida de trabajadores una vez que entran en funcionamiento. Por eso, el monto de una inversión no permite deducir automáticamente cuántos empleos permanentes generará ni qué impacto tendrá sobre los salarios y las condiciones de vida.

El destino de las divisas constituye otro aspecto central. Una empresa puede exportar mucho y, sin embargo, contribuir de manera limitada a fortalecer las reservas nacionales si dispone fuera del país de una parte creciente de sus ingresos. La inversión puede aumentar la capacidad exportadora y, al mismo tiempo, reducir los instrumentos del Estado para administrar los dólares generados por esa actividad.

La estabilidad por treinta años plantea, además, un interrogante sobre la autonomía regulatoria. La seguridad jurídica es necesaria y no debe confundirse con arbitrariedad estatal. Pero tampoco debería transformarse en una restricción desproporcionada de la capacidad de los gobiernos futuros para defender el interés público, proteger el ambiente o revisar políticas frente a nuevas circunstancias.

Finalmente, las ventajas concedidas a las grandes compañías pueden establecer condiciones de competencia desiguales frente a empresas nacionales que no reúnen los requisitos para acceder al régimen. Un productor argentino que abastece el mercado interno, genera empleo y desarrolla capacidades propias puede quedar en desventaja frente a una firma beneficiada por exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias extraordinarias.

Estos riesgos no significan que toda inversión acogida al RIGI sea perjudicial. Significan que no basta con anunciar capitales para demostrar que existe desarrollo. La evaluación debe considerar qué se produce, cuánto valor se agrega en el país, qué empleos se crean, qué tecnología se incorpora, cuánto se compra a proveedores nacionales y qué recursos quedan disponibles para la economía argentina.

LOS ANUNCIOS Y LA INVERSIÓN EFECTIVA

La diferencia entre los proyectos anunciados y el capital efectivamente desembolsado permite apreciar la importancia de esa evaluación.

El Gobierno había informado que, hasta el primer trimestre de 2026, habían ingresado unos 762 millones de dólares netos bajo el RIGI. La distancia entre esa cifra y los compromisos aprobados es significativa.

Lo que corresponde exigir es información pública, periódica y desagregada sobre el capital efectivamente ingresado, el cumplimiento de los planes de inversión, los empleos prometidos y creados, la participación de proveedores argentinos, las exportaciones realizadas, las divisas que permanecen en el país y el costo fiscal de los beneficios.

Pero el debate sobre el RIGI no se agota en sus disposiciones tributarias y cambiarias.

También exige situarlo en la historia económica argentina.

La transformación iniciada en 1976 constituye un punto de inflexión decisivo para comprender el estancamiento y la pérdida de autonomía económica del país. La apertura, la liberalización financiera, el endeudamiento y la creciente subordinación de la producción a la rentabilidad financiera modificaron profundamente nuestra estructura económica.

Los gobiernos democráticos posteriores no fueron idénticos entre sí. Hubo políticas diferentes, intentos de recuperación industrial, ampliación del mercado interno y medidas destinadas a fortalecer la capacidad estatal. Sin embargo, ninguno logró desmontar de manera duradera los mecanismos estructurales de dependencia financiera, tecnológica y productiva que se consolidaron a partir de aquella transformación.

El RIGI se inscribe, desde esta perspectiva, en una continuidad de orientación económica. La apertura de las importaciones, los privilegios al capital, la liberalización cambiaria y la confianza en que la rentabilidad de los grandes inversores conducirá espontáneamente al desarrollo remiten a una matriz que ha fracasado en la Argentina desde entonces.

Por eso, la discusión no debe reducirse a aceptar o rechazar inversiones. La Argentina necesita capital, tecnología, infraestructura y acceso a mercados. Pero necesita, al mismo tiempo, preservar la capacidad de decidir sobre sus recursos, su ahorro y el destino de la riqueza que produce.

Una inversión merece ser bienvenida cuando amplía las capacidades productivas del país, genera trabajo de calidad, incorpora tecnología, fortalece a las empresas nacionales y contribuye a una economía más diversificada. Cuando las ventajas concedidas no guardan proporción con esos resultados, el incentivo se convierte en una transferencia de riqueza antes que en una política de desarrollo.

El RIGI puede ampliar la capacidad exportadora argentina. Lo que no garantiza es que esa expansión fortalezca nuestra autonomía económica. Y si sus beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios consolidan una estructura en la que las decisiones fundamentales quedan subordinadas a los intereses de grandes capitales externos, el régimen profundiza la dependencia que el país necesita superar.

No se trata de despreciar la inversión extranjera. Se trata de impedir que la búsqueda de capitales se convierta en una renuncia a decidir sobre nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales y el destino del ahorro argentino. Se trata de evitar que la riqueza producida por el país se transfiera sistemáticamente al exterior sin una contribución equivalente al desarrollo de nuestra sociedad.

EL VERDADERO DEBATE SOBRE EL RIGI ES SOBRE NUESTRA AUTONOMÍA ECONÓMICA.

¿Estamos atrayendo inversiones para construir una Nación con mayor capacidad de decidir sobre su futuro, o estamos ofreciendo recursos, beneficios y garantías que consolidan nuestra dependencia?

La oportunidad de invertir debe ser también una oportunidad para desarrollar al país.

Si no fortalece nuestras capacidades productivas, nuestro ahorro y nuestra soberanía, el capital que llega termina convirtiéndose en un nuevo anclaje de la dependencia argentina.

[i] file:///C:/Users/Carlos/Downloads/RIGI%20-%20Oportunidad%20o%20Anclaje.pdf