Escribe: Martín PELLEGRINO (*)

El gobierno de Javier Milei vuelve a presentar como un gesto de alivio una medida que, en realidad, expone las consecuencias de su propio modelo económico. Ahora anuncia que ARCA suspenderá los embargos sobre las cuentas bancarias de las pequeñas y medianas empresas hasta junio de 2027. Una decisión necesaria, quizás, pero insuficiente frente a una realidad que el propio Gobierno contribuyó a construir.

Porque hay algo perverso en esta lógica: primero asfixian a quienes producen, después les conceden una tregua y finalmente pretenden que les agradezcan.

Te rompen la pierna y te regalan la muleta.

El problema es mucho más profundo que una deuda tributaria. Las pymes argentinas atraviesan una tormenta perfecta: caída del consumo, aumento de los costos operativos, presión impositiva, tarifas que encarecen la producción y una creciente dificultad para sostener la cadena de pagos. A eso se suma una apertura indiscriminada de las importaciones que permite el ingreso masivo de productos extranjeros, particularmente de China, incluso en sectores donde existe producción nacional.

Mientras una fábrica argentina paga salarios, impuestos, energía y costos de producción cada vez más elevados, muchos productos importados ingresan a competir con estructuras de costos completamente diferentes. El resultado no es una competencia virtuosa: es una industria nacional que pierde mercado, producción y puestos de trabajo.

Y no se trata de una percepción política. El Observatorio de la Fundación Observatorio PyME viene advirtiendo sobre esta situación. En su informe de agosto de 2025 señaló que el 45% de las PyMEs industriales se sentía amenazado por las importaciones y que el 33% había perdido participación en el mercado frente a productos importados. Además, el empleo industrial PyME registraba una caída interanual del 4,7%.

Los datos más recientes profundizan la preocupación. En junio de 2026, el Observatorio advirtió que la producción y el empleo industrial PyME acumulaban doce trimestres consecutivos de caída interanual. La debilidad de la demanda alcanzaba a más del 80% de las empresas y la preocupación por la competencia importadora había escalado del 25% al 46%, con China como principal origen.

Los nombres detrás de esta realidad son conocidos: Fate, Grupo Dass, John Foos, Emilio Alal y Kimberly-Clark, entre otros. Empresas que cerraron plantas, abandonaron la producción nacional o redujeron drásticamente sus operaciones. Detrás de cada cierre hay trabajadores despedidos, familias que pierden sus ingresos y años de conocimiento industrial que difícilmente puedan recuperarse.

¿Dónde quedó aquella promesa de que la Argentina volvería a ser un país competitivo, donde producir sería más rentable que especular y donde el esfuerzo tendría recompensa?

Pero hay otra dimensión de esta crisis que merece especial atención: la relación entre el Estado y quienes intentan sostener una empresa en medio de semejante escenario.

El propio Observatorio PyME informó, en octubre de 2026, que una de cada siete PyMEs industriales enfrenta embargos por deudas con ARCA.

Y lo más grave es la velocidad con la que se podía llegar a esa situación. Distintas entidades empresariales denunciaron que procedimientos de intimación y ejecución podían desembocar en embargos en apenas dos semanas. En algunos casos, los empresarios se encontraban con sus cuentas bancarias inmovilizadas al ingresar al sistema financiero, incluso por atrasos de pocas semanas en obligaciones tributarias.

Pensemos por un instante en lo que significa esto para un pequeño comerciante o un empresario industrial. Una cuenta bancaria no es un lujo ni un instrumento especulativo: es la herramienta con la que paga salarios, proveedores, alquileres, servicios y compromisos comerciales. Bloquearla significa paralizar la actividad. Y una empresa que no puede operar difícilmente pueda regularizar sus deudas.

¿De qué sirve exigirle que cumpla si, al mismo tiempo, se le impide generar los recursos necesarios para hacerlo?

También sigue pendiente la reforma tributaria que Milei prometió durante su campaña. Se habló de simplificar el sistema, reducir impuestos y terminar con las distorsiones que castigan a quienes producen. Sin embargo, comerciantes, industriales y emprendedores continúan atrapados en una estructura impositiva que les exige cada vez más, incluso cuando venden cada vez menos.

Y las tarifas merecen un capítulo aparte. El Presidente prometió renegociar los contratos con las empresas prestadoras y eliminar impuestos nacionales de las facturas de los servicios públicos para reducir su costo. Pero para millones de argentinos y para miles de PyMEs, la realidad es otra: aumentos que erosionan ingresos, encarecen la producción y reducen todavía más el margen para sostener la actividad.

No se puede pedir competitividad a una empresa mientras se le encarece cada eslabón de la producción. No se puede hablar de libertad económica cuando el pequeño comerciante no tiene margen para sobrevivir. Y no se puede construir un país próspero destruyendo su entramado industrial.

Hace más de un siglo, Carlos Pellegrini, uno de los grandes referentes del liberalismo argentino, dejó una definición que conserva una vigencia extraordinaria: «Sin industria no hay nación». No lo decía desde una concepción estatista, sino desde la convicción de que un país que renuncia a producir está condenado a depender de otros. Una advertencia que hoy parece más vigente que nunca.

Suspender los embargos puede evitar que algunas empresas terminen de caer. Pero no alcanza con evitar el golpe final cuando todo lo anterior empujó a esas empresas al borde del abismo.

La Argentina no necesita medidas paliativas para disimular una crisis. Necesita un rumbo que permita producir, invertir, consumir y generar empleo. Necesita una política económica que no confunda equilibrio fiscal con indiferencia social, ni apertura comercial con abandono de la industria nacional.

Porque detrás de cada persiana que se baja hay mucho más que una empresa que desaparece: hay un proyecto de vida que se derrumba, una familia que queda a la deriva y un país que pierde una parte de su futuro.

Y cuando un Gobierno destruye las condiciones para que miles de argentinos puedan trabajar y vivir dignamente, para después anunciar como un beneficio que dejará de perseguirlos, no está resolviendo el problema.

Está regalando la muleta después de haber provocado la caída.

(*) Martín PELLEGRINO . Concejal, Pte. Bloque Unión Por Todos.