Un día como hoy pero de 1970 – La Junta de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas nombra al general Roberto M. Levingston como presidente de Argentina.
El general Roberto M. Levingston expresaba a un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas apoyado por los radicales intransigentes, que designó al economista radical Aldo Ferrer como ministro de Economía.
Presionado a convocar a elecciones por los partidos políticos que comenzaban a reorganizarse en La Hora del Pueblo se produjo un golpe interno mediante el cual Levingston fue derrocado por el propio comandante en jefe del Ejército y hombre fuerte de la Revolución Argentina, el general Alejandro Agustín Lanusse.
El contexto en el cual se producen estos hechos nació con la Revolución Argentina, que es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 1966 y gobernó el país hasta el 25 de mayo de 1973.
En general las filas castrenses adherían a la doctrina de seguridad nacional, por medio de la cual las Fuerzas Armadas argentinas aseguraban defender valores nacionales, frente a la agresión marxista que tomaba la forma de guerrilla
El gobierno de Arturo Illia fue un gobierno muy débil. Esa debilidad derivaba de haber sido elegido en elecciones en las que el peronismo estuvo proscripto, por lo que un 19,72 % del electorado votó en blanco. Illia fue elegido presidente en el colegio electoral, donde no tenía mayoría, por el apoyo de otros partidos políticos y si bien tenía la mayoría en el Senado, en Diputados era inferior.
Producido el golpe de Estado, el país se rigió por el Estatuto de la Revolución Argentina, colocado, como una aberración, al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional. Se eliminaba así la división de poderes tal como estaba prevista en la Constitución: Los poderes ejecutivos y legislativo se concentraban en el presidente. Este estaba facultado a nombrar gobernadores, los que a su vez ejercían poder ejecutivo y legislativo. Además, los nuevos jueces designados para la Corte Suprema debían jurar priorizando sus disposiciones por sobre la Constitución. Bajo la premisa del control autoritario, la Junta se auto-designó poderes constituyentes.
Las expectativas de un prolongado gobierno de los militares golpistas estaban reflejadas en una de sus más repetidas consignas: «la Revolución argentina tiene objetivos, pero no plazos». Se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de participación política por parte de la ciudadanía; rigió en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron cortados derechos civiles, sociales y políticos.
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el régimen de la denominada “Revolución Argentina” se propuso impulsar una modernización autoritaria de la sociedad argentina, enfocada en el mediano y largo plazo. De esta forma, la planificación se constituyó en un modelo de acción tanto para los responsables como para los integrantes de las instituciones públicas ligadas al estudio y la programación económica.
Este fenómeno estaba lejos de ser local. Constituía parte de un consenso global que sostenía que el crecimiento económico no podía ser logrado espontáneamente.
El reto del desarrollo se presentaba como una tarea impostergable en Argentina a comienzos de la década de 1950, cuando quedó en evidencia que el modelo de crecimiento horizontal sostenido en el consumo interno debía ser transformado. En 1952, el gobierno peronista había asumido esta tarea con el lanzamiento del Segundo Plan Quinquenal, explícitamente destinado a la promoción de la inversión en general y de la industria pesada en particular. Pero este plan −que buscaba encaminar al país hacia una economía más integrada y menos dependiente de la importación− solo pudo implementarse parcialmente por las dificultades para importar. El gobierno de la “Revolución Libertadora” le puso legalmente un punto final.
Sin embargo, a pesar de la existencia de un sector liberal al interior del régimen, desde 1966, el abordaje esencialmente heterodoxo fue adoptado como parte de una cierta filosofía del autoritarismo. Esto debe ser tenido muy en cuenta.
Cuando las bases sociales comenzaron a resquebrajarse, la elite militar y sus aliados civiles consideraron imprescindible otorgar un horizonte de certidumbre a una transición que se presentían no muy lejana. Para ello, buscando quebrar la división de la política nacional, realizaron un intento de cooptación, tanto de sectores empresarios y sindicales como políticos.
Otra vez el fracaso de la falta de planificación real, la imposibilidad de dar respuestas sociales adecuadas y el autoritarismo de las elites empoderadas marcaron el fin de una etapa, esencialmente “no democrática” en la cual se suplantó la voluntad popular por ideas excluyentes y sesgadas.
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